El dictamen fue apoyado por 13 congresistas, uno se manifestó en contra y otro se abstuvo. Los votos emitidos por los representantes Luz Salgado Rubianes (FP) y Javier Velásquez Quesquén (CP) fueron con reserva.
En consecuencia la propuesta quedó expedita para ser debatida por el Pleno del Congreso de la República. En su calidad de reforma constitucional tendrá que ser aprobada en dos legislaturas, de acuerdo a lo estipulado en la Carta Magna y el Reglamento del Poder Legislativo.
El dictamen propone modificar el tercer párrafo del artículo 191º de la Carta Política, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: “El presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período regional, como mínimo, los ex presidentes o ex vicepresidentes pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones…”
Igualmente, sugiere cambiar el tercer párrafo del artículo 194º de la Constitución que precisa que “los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un período de cuatro años, no hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período municipal, como mínimo, los ex alcaldes pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. El mandato de alcaldes y regidores es revocable conforme a ley e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución…”
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresista Omar Chehade Moya (NGP), al sustentar el dictamen, manifestó que la propuesta comenzó a ser debatida desde el mes de diciembre del año pasado con presencia del presidente de la ANGR, Rafael Atkins, y diferentes alcaldes provinciales y distritales.
Dijo que, sobre la base de cuatro proyectos presentados por representantes de diferentes bancadas, se ha redacto el texto sustitutorio del dictamen que tiene el firme propósito de fortalecer el sistema de las regiones, gobiernos locales y, sobre todo, la democracia en el país.
Jaime Degado Zegarra (NGP) manifestó que el país está atravesando por momentos cruciales ocasionados por las lacras sociales como el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el narcoterrorismo, así como la corrupción que se ha enquistado en los gobiernos regionales y locales. Sugirió que este proyecto sea el principio porque la solución debe ser integral.
José León (PP) opinó que el proyecto tiende a corregir errores que se han presentado en los gobiernos regionales y locales. Conceptuó que hay un afán de perpetuarse en los cargos “y todos sabemos que la corrupción se engendra y crece en las reelecciones”.
Por su parte, Santiago Gastañaduí (NGP) se mostró contrario a la iniciativa y sugirió que la institucionalidad de los gobiernos regionales se inició hace 12 años y que en octubre próximo experimentarán su cuarto cambio direccional por mandato popular. Propuso que el debate sea pospuesto para después de los comicios de octubre.
Javier Velásquez y Luz Salgado coincidieron en respaldar la propuesta legislativa pero con algunas reservas. Velásquez manifestó que es necesaria la alternancia en las regiones y municipalidades y en otras instituciones hay en donde manejo de recursos públicos. Salgado objetó que la futura norma no debería regir para los municipios.
En el debate también participaron los legisladores Javier Bedoya de Vivanco (PPC-APP), Ramón Kobashigawa y Rolando Reátegui (FP) y Marco Falconí (UR).
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